27.3.07

Relativismo legal

Las últimas noticias nacionales parece que tratan de que olvidemos la subordinación de la actividad política al imperio de la ley. Mientras en el País Vasco Ibarretxe se reafirma en que se reunirá con Batasuna las veces que le plazca para debatir y negociar el futuro político de la región (obviamente, no son sus palabras), la Esquerra Republicana de Cataluña ofrece la presidencia de la Generalitat a CiU si esta formación convoca un referendum, lo que supone, además de un desprecio a sus socios de gobierno, una oferta para vulnerar la ley.
En el primero de los casos, cabe recordar que por sentencia firme del Tribunal Supremo, Batasuna como organización, está disuelta, y debe cesar todas sus actividades por haberse demostrado que esta formación es una creacción "instrumental" de ETA, y por tanto una parte de ella.


Fallo (Autos acumulados nums. 6/2002 y 7/2002)

Cuarto.- Los expresados partidos políticos [Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna], cuya ilegalidad se declara, deberán cesar de inmediato todas las actividades que realicen una vez que sea notificada la presente sentencia. [Sentencia íntegra (PDF)]

Por tanto, los representantes de esta organización ilegal están vulnerando la decisión que el TS tomó de acuerdo a la ley de Partidos Políticos al continuar con sus reuniones y declaraciones políticas, y el lehendakari, máxima autoridad de la Comunidad Autónoma Vasca, ignora también esta legalidad argumentando como base para la legitimidad de sus actuaciones no en el respeto a las normas aprobadas por todos sino en su particular idea de cómo resolver el problema del terrorismo.
Para el segundo caso, recordemos el artículo 149 de la Constitución española, que reserva en exclusiva para el Estado la autorización para la convocatoria de referendums, con lo que la propuesta de que el gobierno catalán lo convoque motu proprio es manifiestamente anticonstitucional:


Constitución Española. Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.

1.32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. [Constitución Española (título octavo)]

Nuevamente un alto dirigente de comunidad autónoma, en este caso el partido del vicepresidente, propone pasar por encima de la mismísima Constitución legitimando nuevamente su propuesta no en el escrupuloso respeto a la legalidad vigente, sino en su idea feliz de lo que debe ser Cataluña en el futuro.

El relativismo legal alcanza ya en España cotas preocupantes, ya que a los máximos dirigentes de comunidades gobernadas por nacionalistas hay que sumar al presidente del gobierno que, menos explícito que los anteriores, antepone también la voluntad de llegar a soluciones al cumplimiento de las leyes. Zapatero, en su penúltimo intento por permitir a Batasuna que ejerza los derechos negados por la justicia habla de "límites interpretativos" para justificar una eventual participación de ETA en las elecciones municipales.

Sin el firme criterio de que la actividad política, como cualquier otra, debe enmarcarse inexorablemente en la legalidad vigente; si se crea la falsa imagen social de que en política las leyes no son tan firmes como para cualquier otra actividad, se habrá abierto la puerta para el desmembramiento del Estado, fundamentado en la convicción ciudadana de la necesidad de contar con unas normas que nos obliguen a todos para permitir una convivencia cívica y próspera.

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