30.5.07

Políticas socialistas.

Socialista, sensu stricto, es el que propone la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, así como la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes. Esto es, el comunismo.

Socialista, sensu lato (en sentido amplio), es socialdemócrata, es decir, que renunciando a la propiedad pública de los medios de producción, quiere reservar para el estado su regulación y control.

El liberal apuesta por la libertad individual en lo social y político, y en lo económico por la iniciativa privada, en oposición a la injerencia de lo público, es decir, del Estado.

En los países occidentales con democracias consolidadas los gobiernos suelen alternar entre estas dos últimas corrientes políticas, liberal y socialdemócrata, con lo que la legislación no suele convencer ni a unos ni a otros. Los liberales suelen achacar a los socialistas la injerencia injustificable del Estado en los negocios privados de los ciudadanos, y los socialistas el poco apego de los liberales a someterse al control público establecido en los correspondientes reglamentos.

La Constitución Española, en su artículo 38, reconoce la libertad de empresa, probablemente de un modo que no convence ni a socialdemócratas ni a liberales:

C.E. Artículo 38
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Desde el punto de vista liberal, esta libertad empresarial se considera un imperativo. Jesús Huerta de Soto, catedrático de economía política, sostiene que en el campo de la ética social se hace inevitable aceptar el principio ético de que "todo ser humano tiene derecho natural a los frutos de su propia creatividad empresarial".

Sin embargo, desde la izquierda se sostiene que es el Estado quien debe administrar esta iniciativa empresarial por el bien de la economía. La Ministra de Cultura, Carmen Calvo, había presentado la Ley del Cine, que obligaba a las cadenas de televisión a invertir un 5 o un 6% de sus ingresos en cine español, que por lo visto está maltrecho porque no tiene espectadores suficientes y por tanto no genera el dinero necesario para seguir produciendo.

Las cadenas de televisión consideraron esta medida un "gravamen anticompetitivo y antinatural", negociaron, y finalmente parece que han conseguido hacer rectificar al ministerio, y que no exista una obligación fija de inversión.

Esto es, básicamente, como si usted produce en sus campos naranjas con mucho éxito, y su vecino cultiva cardos borriqueros para la venta al por mayor, con una respuesta nula al no convencer a un número de clientes suficiente para que el negocio sea rentable. Entonces, viene el gobierno y le dice a usted, productor naranjil, que tiene que darle un porcentaje de lo que usted ingresa de la venta de sus productos al ineficaz productor de cardos.

Oiga usted, si el productor de cardos no gana dinero con ellos, que los venda más baratos, que regale tazas de desayuno con ellos o que se dedique a otra cosa, que son las tres salidas de un negocio que no es rentable: la búsqueda de la competitividad reduciendo márgenes, la oferta de un valor añadido, o el cambio o cierre de la empresa. Lo que es impensable es que yo, que he podido sacar adelante con mi esfuerzo un negocio, vea reducida mi rentabilidad por la incompetencia de otro empresario, incapaz de vender un producto malo y caro.

29.5.07

Navarra en vilo

En el complicado escenario navarro, Rajoy ha ofrecido al PSOE un pacto para que gobierne la lista más votada y UPN le ofrece un pacto de gobierno, pero el PSOE dice que no pactará con el PP y que eso de que gobierne la lista más votada es, y cito textualmente a su portavoz, un "disparate antidemocrático". Por su parte, los anexionistas de Nafarroa-Bai exigen al PSOE un acuerdo en el ayuntamiento de Pamplona que incluye a ANV para pactar el gobierno foral de Navarra y el PSOE dice que si es así, no habrá acuerdo. Mientras tanto, Batasuna-ETA dice que están más fuertes que hace cuatro años y el Congreso de los Diputados, ahora que han pasado las elecciones, debate a petición del PP acerca de la posible ilegalización de ANV.

Así las cosas, si el PSOE no puede pactar ni con los anexionistas ni con el PP sólo le queda la salida de permitir un gobierno de UPN en minoría, probablemente sólo hasta las elecciones generales, que es algo que no descarta el PP.

Desde luego si así fuese no sería por el bien de Navarra, ni del interés general, sino porque sería el resultado obtenido después de muchas cábalas con la calculadora electoral que comparten, como buenos compañeros, Pepiño Blanco y Rubalcaba, y cuyos resultados transmiten en papel, y en letra grande, a Don José Luís Rodríguez Zapatero para su comunicación a la ciudadanía.

28.5.07

Navarra en la encrucijada

Lo más relevante de las elecciones autonómicas y municipales celebradas ayer, además de la aplastante victoria en la capital, es el decisivo escenario que se presenta en Navarra. En la comunidad foral se ha deshecho la mayoría que garantizaba el gobierno de UPN y, aunque el partido hermano del PP ha ganado con claridad las elecciones, van a ser los pactos post-electorales los que decidan el partido que finalmente podrá formar gobierno.

Será un momento trascendental que influirá, de manera decisiva, en el resultado de las próximas elecciones generales, sean adelantadas o no.

El Partido Socialista de Navarra apuesta claramente en su programa electoral por mantener el estatus de Navarra como Comunidad Autónoma. En la página 99 dice, textualmente:

La política institucional del PSN-PSOE respecto a Navarra ha sido clara y concreta: Navarra es y debe seguir siendo una Comunidad Foral, con estatus jurídico-político propio y diferenciado basado en lo político en la LORAFNA y en lo económico en el Convenio Económico.

A pesar de que después se enreda en matices de una forma más difusa diciendo que el discurso del PSN sobre Navarra "pivota sobre las personas más que sobre los territorios" o que los socialistas definen "la Comunidad Foral de Navarra como una comunidad política compleja", la intención de mantener el estatus jurídico de la Comunidad se ha expresado con claridad.

Unión del Pueblo Navarro ha obtenido en estas elecciones 22 escaños, 10 más que el PSOE, que tiene los mismos que los anexionistas Nafarroa-Bai, quienes defienden una Navarra plural, abierta, bilingüe, abertzale, progresista, vasquista, social y solidaria, es decir, Euskal Herria, que dicen los Batasunos.

Ante tanta diferencia de proyecto, al PSN se le plantean dos únicos escenarios. El primero es continuar con la política de aislamiento del PP, la política del cordón sanitario, aliándose con quien sea necesario para evitar que la mitad de España esté representada en los gobiernos, aún a pesar de vulnerar su programa y su posición histórica como partido nacional.

El segundo escenario es, precisamente, romper esta tendencia y hacer lo que la ciudadanía realmente demanda de los partidos nacionales: que se entiendan y que gobiernen. Que el PSN apoyase la candidatura de Miguel Sanz para repetir como presidente de Navarra supondría el inicio del necesario giro del PSOE para recuperar la moderación y escapar de la espiral separatista de la que ha estado, y está, preso desde que decidió que todo valía para conservar sus cotas de poder.

Los ojos de la ciudadanía están puestos en el siguiente movimiento estratégico del Partido Socialista, que debería hacer una detenida lectura de los resultados electorales para responder a los intereses de quienes les pagan el sueldo y a quienes tienen que servir.

24.5.07

Mentiras sobre Iraq

Ya que al señor Rodríguez Zapatero le gusta tanto hablar de Iraq, conviene recordar cómo sucedieron las cosas en lo que a él le concierne.

El 12 de febrero de 2004, un mes antes de las elecciones generales, Zapatero anunció que mantendría las tropas españolas en Iraq hasta el 30 de junio de ese mismo año, y que las retiraría siempre y cuando Naciones Unidas no tomase las riendas de la situación para esa fecha.

El 14 de marzo, como sabemos, el PSOE ganó las elecciones y Zapatero formó gobierno. Un mes después, en una rueda de prensa sorpresa, y vulnerando su condicionante acerca de la actuación de la ONU, Zapatero anunciaba la retirada inmediata de las tropas ante las "pocas perspectivas de que la ONU se haga cargo de la situación".

Como presagio de la mala fortuna en sus declaraciones que tendría durante el resto de la legislatura, el 8 de junio se publicaba la resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU en la que Naciones Unidas aprobaba la formación de un Gobierno provisional soberano que asumiría sus funciones el mismo 30 de junio, día en que finalizaría la ocupación.

Además, hacía suyo el calendario planteado de transición política y autorizaba a la fuerza multinacional, bajo bandera de la ONU hacía tiempo, a tomar las medidas necesarias para mantener la seguridad y estabilidad del país.

Entre las muchas medidas tomadas en esa resolución destaca la petición a los Estados Miembros para

"prestar asistencia a la fuerza multinacional, en particular con fuerzas militares, según se convenga con el Gobierno del Iraq, para ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo iraquí en materia de seguridad y estabilidad, de asistencia humanitaria y para la reconstrucción y para apoyar la labor de la UNAMI".

Veinte días después Zapatero se negaba a atender la petición planteada por la Organización de Naciones Unidas, vulneraba su propio compromiso de retirar las tropas si la ONU no tomaba el mando, y las fuerzas españolas no estaban ya el día 30 de junio para ayudar a estabilizar el país.

El Presidente vendió la retirada como la primera medida de su gobierno para cumplir su palabra, y ya en esta primera medida no sólo la quebrantó, sino que lo hizo engañando a la ciudadanía.

23.5.07

La decisión sobre Irán (II)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha remitido finalmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su último informe sobre el programa atómico iraní, en el que se indica, como era previsible, que Irán ha hecho caso omiso de las exigencias de la ONU en materia nuclear y ha intensificado su programa de enriquecimiento de Uranio. El Consejo había advertido a Teherán de que si no se cumplía lo mandado se adoptarían las medidas apropiadas según el capítulo de la Carta de Naciones Unidas dedicado a amenazas a la paz, su quebrantamiento o a actos de agresión, esto es, a acciones de guerra.

Es el momento de la ONU para tomar una decisión. Es el momento en que debe impedir su parálisis y demostrar que el máximo organismo supranacional es, también en la práctica, necesario y útil. Es hora de que actúe por sí misma y deje de limitarse a gestionar las situaciones que otros provocan. Es el momento de anticiparse a los Estados Unidos de América y de exigir a sus Estados miembros un pronunciamiento claro e inequívoco acerca de su postura en este conflicto.

Ha pasado el tiempo de la confianza y la diplomacia, y llega el tiempo de las difíciles decisiones. Y es ahora. Dentro de dos años, cuando todo haya pasado, será muy fácil opinar.

22.5.07

Prohibido prohibir

La paradoja de un imperativo que se niega a sí mismo fue utilizada en el mayo del 68 como ingenioso lema de un movimiento de rebeldía. El gobierno de Zapatero, socialista y adalid verbal de las libertades, ha dedicado gran parte de su mandato a impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos individuales para ir sustituyéndolos progresivamente por los colectivos administrados por el Estado (por el gobierno, por Él). A las prohibiciones de consumo de tabaco y alcohol, a los intentos contra las raciones grandes de hamburguesas, la bollería industrial y otros alimentos varios, considerados por el ejecutivo como poco recomendables, se suman los impedimentos para hacer listas electorales como decidan los partidos (no se pueden presentar listas íntegramente de mujeres, por ejemplo) o las políticas que limitan a los hombres o mujeres según su sexo en los Consejos de Administración de las empresas privadas.

Estas mermas no son padecidas por quienes defienden que el asesinato es un método válido para hacerse con el control político de una región. ETA recibió un chivatazo por parte de la Policía que impidió la desmantelación de su aparato de extorsión, De Juana Chaos, condenado a tres años de cárcel está paseando alegremente por San Sebastián y a Arnaldo Otegi le sale gratis el abogado porque la Fiscalía que debería ejercer de acusación decide, una y otra vez, que no ve, ahora, indicio alguno de delito. Los jueces, entonces, no pueden condenarlo. Los señores de Batasuna, pobrecitos, que no iban a tener representación parlamentaria para poder decir desde la tribuna de oradores que quien ose discrepar del proyecto totalitario recibirá una bala en el cogote como la de Gregorio Ordoñez han visto como todos los resortes del Estado controlados directa o indirectamente por el gobierno (por Él) se mueven para facilitarles una vía para tan alto objetivo. Así, Herri Batasuna maquillada de ANV se presenta a las elecciones, y sin maquillar se organiza, se manifiesta, da ruedas de prensa y pontifica consciente de que ni la Ley de Partidos Políticos ni las Sentencias del Tribunal Supremo tienen valor en las riberas del Nervión.

Sin embargo, los ciudadanos anónimos, libres, demócratas, la gente de a pie, que convocan una manifestación para protestar contra este atropello ven, atónitos, cómo una Junta Electoral, organismo independiente que vela por el buen transcurso de las elecciones, pretende arrogarse el derecho de autorizar o no manifestaciones cívicas, vulnerando un principio constitucional elemental.


Constitución Española.
Artículo 21


1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.


No ha existido absolutamente ningún indicio de peligrosidad o riesgo para personas o bienes en concentraciones previas similares a la actual que justifiquen la intención de impedir el ejercicio de la libertad de manifestación como para que la Junta Electoral se pronuncie en esos términos teniendo en cuenta, además, la dudosa competencia de la Junta en este asunto. No es esta vela la que le corresponde a "la Autoridad" en el entierro de la Ley de Partidos.

21.5.07

Primero vinieron por los Populares...

Martin Niemöller fue un pastor luterano alemán que fue apoyando los pasos que daban los nazis en la Alemania de los años 30 hasta que la persecución y la barbarie le tocaron de cerca. Fue en ese momento cuando escribió su conocido poema “Cuando los nazis vinieron por los comunistas”. En él confiesa que no protestó ni se rebeló cuando el movimiento nacionalsocialista cargaba contra comunistas, judíos o sindicalistas porque no pertenecía a esos colectivos, y que fue cuando la sinrazón le apuntó directamente cuando se dio cuenta de que nadie le defendía tampoco a él.

Cuando el gobierno socialista (y su apoyo nacionalista) cargó contra el Partido Popular para marginarlo y expulsarlo del debate político (en el parlamento no se puede hablar del 11M y no se debaten las propuestas de los populares sobre ETA) muchos miraron para otro lado, justificaron la medida e incluso se atrevieron a pedir un "cordón sanitario" para aislarles. Cuando el gobierno socialista, su apoyo nacionalista, y los gobiernos nacional-socialistas o social-nacionalistas de algunas autonomías cargaron contra quienes desde algunos medios de comunicación denunciaban los errores, mentiras y excesos del gobierno (trataron de cerrar la COPE en Cataluña, denuncian la invalidez de las revelaciones de El Mundo...), fueron muchos también quienes dijeron que había que hacer entrar en vereda a quienes "abusan" de la libertad de prensa. Cuando el gobierno se enfrentó a quienes dentro del Partido Socialista defendían que no se debía negociar con ETA y que había que volver al pacto con el PP, esos mismos acusaron a los "disidentes" de colaborar con el partido infecto y de ser de derechas (lo cual, automáticamente los despoja de derechos de opinión). Cuando una facción de los propios nacionalistas del PNV criticaron la política antiterrorista (si existiese) del Presidente del Gobierno, también se les apartó del debate político, agarrándose a quienes apoyan el proceso, y por tanto, en su lógica perversa, la Paz. Y también se justificó.

Al final les tocará a los actores, músicos y otras gentes de buen vivir cuando haya que cerrar el grifo de las subvenciones o cuando caigan en la cuenta de la deriva del país. Entonces no encontrarán, descendidos de su atalaya, quien pueda defenderlos al haber sido anulados todos los que no comulgan con las ruedas del molino Zapatero.

Será entonces cuando veamos a la familia Bardem comenzar con un "Primero vinieron por los Populares y no dije nada porque yo no era Popular..."

18.5.07

Trabas a la justicia

El funcionamiento práctico de los partidos políticos y sobre todo el procedimiento para la ilegalización de aquel que vulnere la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos deja en evidencia la incapacidad de la justicia para actuar como poder independiente del ejecutivo. Quizás es poque Montesquieu ha muerto, que dijo Alfonso Guerra, o quizás porque el legislador no previó en la redacción del texto legal un caso en que el gobierno de la Nación no quisiese que un partido que defiende el terrorismo fuese ilegalizado y por tanto ni siquiera pidiese al Fiscal que se investigase.

La citada ley establece en su artículo undécimo que únicamente están legitimados para instar la ilegalización de un partido político el Ministerio Fiscal y el Gobierno, y como al Fiscal General del Estado lo nombra el gobierno, realmente se deja en manos de éste último la potestad de dejar o no actuar a la justicia.

Los jueces se ven incapaces de ejercer su labor ante la falta de acusación, y los ciudadanos se preguntan, confundidos, si se está aplicando la ley o no. La realidad es que el gobierno actúa como un primer filtro judicial. Juzga y condena o absuelve a las candidaturas que estima oportunas, y solamente las que han sido previamente condenadas por el ejecutivo pueden serlo también por el poder judicial.

Esta situación resulta, a la postre, un fraude de ley ya que uno de los poderes del Estado reconocidos por la Carta Magna está arrogándose labores que tiene encomendado otro diferente.

Si bien la ilegalización de un partido político es una cuestión espinosa que debe ser tratada con el máximo rigor, no se debería privar a los jueces de la posibilidad de estudiar las pruebas que existen en contra de una candidatura sospechosa. El desbloqueo de esta situación podría darse modificando la ley de Partidos para admitir que insten a los jueces a la ilegalización no sólo Gobierno y la Fiscalía, sino también Parlamento y Defensor del Pueblo. Así, los ciudadanos tendrían varias vías para conseguir que los terroristas no tratasen de dinamitar las instituciones desde dentro: eligiendo a un buen gobierno, promoviendo una mayoría parlamentaria circunstancial o, directamente, recabando apoyos que presentar al Defensor del Pueblo.

En caso contrario los jueces seguirán quejándose, con la boca pequeña, de que tienen las manos atadas. De que el gobierno se las ata.

16.5.07

La decisión sobre Irán

La situación en Irán empieza a asemejarse a la vivida entre 2002 y 2003 con Iraq. Las exigencias de la ONU son ignoradas por el país y se ha establecido un último plazo. Lo que venga a continuación debe decidirse ahora.

El pasado 24 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas advertía al país islámico en su resolución 1747 de que debía adoptar sin más demora las medidas que habían sido exigidas por el OIEA para garantizar que su programa nuclear se dedicaba únicamente a fines pacíficos. Además, daba 60 días al Director General del OEIA -falta una semana para concluir el plazo- para presentar un nuevo informe a partir del cual la ONU tomará una decisión. En caso de que no se hayan cumplido las exigencias, como parece probable, el Consejo de Seguridad adoptará las medidas que consideren apropiadas en base al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Este capítulo es el dedicado a las acciones de guerra.

En román paladín, el Consejo de Seguridad está allanando el camino para una posible intervención militar en Irán. Ha exortado a los países miembros a que no vendan armas ni financien de ningún modo a Irán, salvo para acciones humanitarias, e incluso a que no colaboren o dejen entrar en sus países a quienes colaboren con el progrma nuclear iraní.

En octubre de 2002, el Consejo emitió su famosa resolución 1441 en la que daba una última oportunidad a Iraq para enviar un informe exhaustivo de sus programas para el desarrollo de armas de destrucción masiva, para lo que se estableció un plazo de 30 días, advirtiéndole que el incumplimiento de estas obligaciones daría lugar a graves consecuencias.

Iraq volvió a incumplir sus compromisos y el Consejo, como es desgraciadamente habitual, no pudo llegar a un consenso para hacer efectivas las amenazas proferidas. Estados Unidos lideró una coalición de países que recogieron el testigo de la anquilosada ONU y el resto de la historia es conocida: Naciones Unidas reconoció la autoridad de las potencias invasoras, tomó el mando de las fuerzas ocupantes e instó a los Estados miembros a colaborar con la fuerza presente en Iraq.

Pero durante la intervención, y sobre todo después, aparecieron adalides de la eterna y simplista paz que protestaban por la "unilateralidad" de la respuesta militar anglonorteamericana.

Es probable que con Irán veamos una película similar. Las amenazas de la ONU ya son evidentes, la posición de Ahmadinejad también es conocida y tiene pocos visos de cambiar. Una vez que venza el plazo, una vez que el informe final se reciba y cuando se constaten de nuevo los incumplimientos, el Consejo puede volver a paralizarse.

Estamos nuevamente en el punto de partida y es ahora, y no a toro pasado cuando hay que realizar los apoyos. Cuando Teherán no asuma sus compromisos con la comunidad internacional, ¿qué se debería hacer? Cuando han fallado las opciones diplomáticas, cuando ha fallado el corte de la financiación, y cuando las amenazas de las Naciones Unidas no son suficientes, ¿cuál debe ser nuestra opción? Es muy fácil sumarse al carro de los hechos consumados, permanecer en el cómodo silencio hasta que una opción no parece la más adecuada para proferir, indignado, que otra opción hubiese sido mejor. Las decisiones, sin embargo, hay que tomarlas antes.

¿Qué vamos a hacer con Irán cuando fracase la diplomacia y estén cerca de conseguir el arma nuclear? El reloj corre.