22.5.07

Prohibido prohibir

La paradoja de un imperativo que se niega a sí mismo fue utilizada en el mayo del 68 como ingenioso lema de un movimiento de rebeldía. El gobierno de Zapatero, socialista y adalid verbal de las libertades, ha dedicado gran parte de su mandato a impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos individuales para ir sustituyéndolos progresivamente por los colectivos administrados por el Estado (por el gobierno, por Él). A las prohibiciones de consumo de tabaco y alcohol, a los intentos contra las raciones grandes de hamburguesas, la bollería industrial y otros alimentos varios, considerados por el ejecutivo como poco recomendables, se suman los impedimentos para hacer listas electorales como decidan los partidos (no se pueden presentar listas íntegramente de mujeres, por ejemplo) o las políticas que limitan a los hombres o mujeres según su sexo en los Consejos de Administración de las empresas privadas.

Estas mermas no son padecidas por quienes defienden que el asesinato es un método válido para hacerse con el control político de una región. ETA recibió un chivatazo por parte de la Policía que impidió la desmantelación de su aparato de extorsión, De Juana Chaos, condenado a tres años de cárcel está paseando alegremente por San Sebastián y a Arnaldo Otegi le sale gratis el abogado porque la Fiscalía que debería ejercer de acusación decide, una y otra vez, que no ve, ahora, indicio alguno de delito. Los jueces, entonces, no pueden condenarlo. Los señores de Batasuna, pobrecitos, que no iban a tener representación parlamentaria para poder decir desde la tribuna de oradores que quien ose discrepar del proyecto totalitario recibirá una bala en el cogote como la de Gregorio Ordoñez han visto como todos los resortes del Estado controlados directa o indirectamente por el gobierno (por Él) se mueven para facilitarles una vía para tan alto objetivo. Así, Herri Batasuna maquillada de ANV se presenta a las elecciones, y sin maquillar se organiza, se manifiesta, da ruedas de prensa y pontifica consciente de que ni la Ley de Partidos Políticos ni las Sentencias del Tribunal Supremo tienen valor en las riberas del Nervión.

Sin embargo, los ciudadanos anónimos, libres, demócratas, la gente de a pie, que convocan una manifestación para protestar contra este atropello ven, atónitos, cómo una Junta Electoral, organismo independiente que vela por el buen transcurso de las elecciones, pretende arrogarse el derecho de autorizar o no manifestaciones cívicas, vulnerando un principio constitucional elemental.


Constitución Española.
Artículo 21


1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.


No ha existido absolutamente ningún indicio de peligrosidad o riesgo para personas o bienes en concentraciones previas similares a la actual que justifiquen la intención de impedir el ejercicio de la libertad de manifestación como para que la Junta Electoral se pronuncie en esos términos teniendo en cuenta, además, la dudosa competencia de la Junta en este asunto. No es esta vela la que le corresponde a "la Autoridad" en el entierro de la Ley de Partidos.

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