18.5.07

Trabas a la justicia

El funcionamiento práctico de los partidos políticos y sobre todo el procedimiento para la ilegalización de aquel que vulnere la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos deja en evidencia la incapacidad de la justicia para actuar como poder independiente del ejecutivo. Quizás es poque Montesquieu ha muerto, que dijo Alfonso Guerra, o quizás porque el legislador no previó en la redacción del texto legal un caso en que el gobierno de la Nación no quisiese que un partido que defiende el terrorismo fuese ilegalizado y por tanto ni siquiera pidiese al Fiscal que se investigase.

La citada ley establece en su artículo undécimo que únicamente están legitimados para instar la ilegalización de un partido político el Ministerio Fiscal y el Gobierno, y como al Fiscal General del Estado lo nombra el gobierno, realmente se deja en manos de éste último la potestad de dejar o no actuar a la justicia.

Los jueces se ven incapaces de ejercer su labor ante la falta de acusación, y los ciudadanos se preguntan, confundidos, si se está aplicando la ley o no. La realidad es que el gobierno actúa como un primer filtro judicial. Juzga y condena o absuelve a las candidaturas que estima oportunas, y solamente las que han sido previamente condenadas por el ejecutivo pueden serlo también por el poder judicial.

Esta situación resulta, a la postre, un fraude de ley ya que uno de los poderes del Estado reconocidos por la Carta Magna está arrogándose labores que tiene encomendado otro diferente.

Si bien la ilegalización de un partido político es una cuestión espinosa que debe ser tratada con el máximo rigor, no se debería privar a los jueces de la posibilidad de estudiar las pruebas que existen en contra de una candidatura sospechosa. El desbloqueo de esta situación podría darse modificando la ley de Partidos para admitir que insten a los jueces a la ilegalización no sólo Gobierno y la Fiscalía, sino también Parlamento y Defensor del Pueblo. Así, los ciudadanos tendrían varias vías para conseguir que los terroristas no tratasen de dinamitar las instituciones desde dentro: eligiendo a un buen gobierno, promoviendo una mayoría parlamentaria circunstancial o, directamente, recabando apoyos que presentar al Defensor del Pueblo.

En caso contrario los jueces seguirán quejándose, con la boca pequeña, de que tienen las manos atadas. De que el gobierno se las ata.

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