14.6.07

Objeción de legalidad y de conciencia a "Educación para la ciudadanía"

La impartición a partir del curso que viene de la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha causado una oleada de protestas por parte de asociaciones de padres, contrarios a la obligatoriedad de esta asignatura que, aseguran, se propasa en el camino por derroteros de la ética tratando de imponer a los escolares una particular visión del mundo conforme a la moral que los redactores de los contenidos de la materia consideran adecuados.

En la guía oficial del Ministerio de Educación, Educar en valores, se recomienda a los niños la lectura del cómic, "Ali Babá y los 40 maricones", un libro con imágenes zoofílicas, con incitación al sexo con menores y donde se incita a la promiscuidad indicando que "cuantos más polvos, mejor".

Sobre la paz sostiene que "la única paz posible siempre surge cuando no hay ni vencedores ni vencidos" o que "de las mil maneras de eludir el peligro, la más inteligente y mejor es salir corriendo".

Sobre la eutanasia, concede un "derecho" que ni está reconocido ni existe, que es el que las asociaciones pro-eutanasia llaman "derecho a una muerte digna". Dice la guía: "también es nuestro objetivo, acercarnos a este mundo tan desconocido para muchos como es el del enfermo terminal y el derecho que le asiste a una muerte digna" (aunque después dice que no se posicionará ni a favor ni en contra).

Estas quejas han llevado a un movimiento de objeción de conciencia a la asignatura para que los hijos de quienes protestan no cursen la asignatura desde el momento en que empiece el curso.

Podemos distinguir, dentro de este movimiento, dos tipos de objeciones. La primera de ellas es objeción de legalidad, que es la que considera que la norma dictada (la obligatoriedad de la asignatura) es contraria a otra de mayor rango.

La Declaración Universal de los Derechos humanos reconoce el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que se dará a sus hijos.

Artículo 26. Declaración Universal de los Derechos humanos

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos."

También la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se inspira en la declaración anterior, recoge este derecho:

Artículo 14. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2. Se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas."

Por supuesto, la Constitución Española, norma fundamental de la legislación española, explicita el derecho de los padres a escoger la educación de los hijos.

Artículo 27. Constitución española

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones."

Como jurisprudencia, se puede citar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en el caso Kjeldsen, Busk Madese y Pedersen (7 diciembre, 1976) dictó que el límite que el Estado no puede sobrepasar en la determinación de los planes de estudio "viene trazado por el afán indoctrinador en contra de las convicciones de los padres, algo que un Estado en ningún caso puede intentar". En este caso, que hablaba de educación sexual, entendió que esta materia no conculcaba las convicciones morales o religiosas de los padres demandantes, "siempre que [la materia] suponga la transmisión imparcial de conocimientos".

En estos casos en los que una norma parece vulnerar otra más importante, se puede apelar a los tribunales de justicia para que determinen el ajuste o desajuste de las leyes. En el caso particular de la Educación para la Ciudadanía, sería el Tribunal Constitucional quien debería estudiar si el planteamiento de esa asignatura obligatoria se inmiscuye en la educación moral de los niños y, por lo tanto, invade competencias paternales para deducir la inconstitucionalidad de la obligación de cursarla o, por el contrario, decidir que si no vulnera el derecho paternal a escoger el tipo de enseñanza que da a sus hijos, la norma es impecablemente Constitucional.

En ambos casos, es decir, se ajuste o no se ajuste a la legalidad, cabe la posibilidad de ejercer el otro tipo de objeción, la objeción de conciencia, que aunque no se cita como tal en la Constitución, es ejercible.

La objeción de conciencia es la actitud o creencia de carácter ético, filosófico o religioso que impide a una persona desarrollar una actividad determinada, lo que se traduce en la decisión personal, frente a normas jurídicas específicas, de no acatarlas, sin perjuicio del respeto a la normativa general que rige a la sociedad de que se trate.

Este tipo de plante a la legalidad comporta, como es evidente, no pocos problemas para la estabilidad jurídica del país, pero está reconocida por el Tribunal Constitucional. En su sentencia 15/1982 de 23 de abril (FJ 6º) señala que "puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español". También en su sentencia 53/1985 de 11 de abril (FJ 14º) dice sobre este tipo de objeción que "existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación".

El debate está servido ya que, por una parte los padres deben defender la educación de sus hijos, y por la otra, la objeción de conciencia es susceptible de ser utilizada de forma abusiva para no acatar la legislación, que regula la convivencia cívica de los ciudadanos.

2 comentarios:

Butzer dijo...

Buen post, ya que al menos argumentas tu oposición a la asignatura. El problema es que muchos padres están en contra de algo pero no saben los motivos. Hay una cierta línea algo inestable que separa la educación del adoctrinamiento. Hay ciertos puntos en el que dicha línea o frontera se ha sobrepasado.

Pache dijo...

Lo que reclaman los padres es la libertad que les otorga la constitución para educar a sus hijos conforme a los principios morales en los que creen. La asignatura se mete en esa materia y puede ser contraproducente para la educación que los padres quieren para los niños.