19.3.10

En defensa de los derechos fundamental en Internet

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la “Ley de Economía Sostenible”, que incluye la conocida como “Ley Sinde”, que permitirá el cierre de páginas web en sólo cuatro días.

Este gobierno liberticida pretende criminalizar por vía administrativa lo que no ha conseguido por vía penal. Las descargas a través de redes P2P son perfectamente legales, cosa que los jueces no paran de recordar al ejecutivo. Las páginas que enlazan a contenido protegido por derechos de autor no cometen ningún ilícito, y también son perfectamente legales. Eso no impide al gobierno y a los "intelectuales" continuar hablando sin cesar de "descargas ilegales".

La semántica ha jugado un papel fundamental siempre que un tirano ha tratado de coartar las libertades. Los gobernantes liberticidas han argumentado que realizan su imprescindible labor de tutela o que buscan el bien común para impedir a los ciudadanos hacer las cosas más variopintas. Poco a poco, las personas dejan de tener la sensación de ser libres de hacer lo que quieran, y actuán pensando previamente si estarán autorizados a desarrollar las actividades que desean.

Es esa perversa semántica la que hace que los medios utilicen erróneamente las palabras "piratería" o "descargas ilegales" en lugar de hablar de "compartir" o de "divulgación de obras culturales".

La norma recientemente aprobada desplaza vergonzosamente a los jueces de la tarea de estimar si alguien ha cometido un ilícito y permite a la administración bloquear páginas web si ellos consideran que vulneran los principios de propiedad intelectual, instaurando en la práctica una renovada censura que el gobierno podrá ejercer de forma legal.

Este blog pertenece a la llamada Lista de Sinde, un conjunto de páginas desde las que se puede acceder mediante una sencilla búsqueda a obras protegidas por derechos de autor. Los propietarios de las páginas que pertenecen a esta lista nos consideramos culpables de compartir cultura libremente y por tanto somos susceptibles de censura por vía administrativa.

Este despropósito, esta comisión creada ex-profeso para prevaricar, hace que me sume al "Manifiesto en defensa de los derechos fundamental en Internet", que dice así:

Ante la inclusión en el Proyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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