23.3.11

Prostitución, el tema esquivado


Fukushima, Libia, la sucesión de ZP y el siempre presente Cristiano Ronaldo han impedido que tuviese más eco la noticia de la respuesta del Consejo de Estado a la consulta formulada por el extinto Ministerio de Igualdad acerca de la viabilidad de prohibir los anuncios de prostitución.

El informe, fechado el 9 de marzo, es un estudio muy completo que concluye que existe la posibilidad de limitar esta publicidad y recomienda hacerlo a través de una ley específica. Es un informe que responde a una petición del Ministerio, y creo que, lamentablemente, esta petición se queda corta.

Los antecedentes completos que se reflejan en el informe sobre la situación jurídica de la prostitución en España podrían haber llevado a conclusiones muy interesantes sobre la recomendación del Consejo respecto a la elaboración de una normativa completa que regulase jurídicamente esta actividad. Estas conclusiones serían muy interesantes para plantear el necesario debate público sobre una cuestión que ningún gobierno se ha atrevido a abordar de forma global. Se han regulado de forma tangencial diversos aspectos de la prostitución (proxenetismo, trata de blancas, prostitución de menores, etc.), pero nunca se ha prohibido o regulado una actividad que, según los datos manejados por el Consejo, mueve más de 18.000 millones de euros al año, importe que representa nada menos que un 2% del PIB nacional.

El Consejo hace un repaso por las distintas tradiciones de regulación de esta actividad:
  • Reglamentista: Limita su ejercicio a determinados locales y existen medidas de control (policial y de carácter médico)
  • Prohibicionista: Se prohíbe su ejercicio e incluso en algunos casos se penaliza al cliente
  • Abolicionista: La prostitución no es reconocida ni prohibida por el Estado ya que pertenece a la esfera de las relaciones privadas
  • Legalizadora: La prostitución constituye una actividad económica más, y está regulada como servicio.
La regulación española no encaja exactamente en ninguno de los modelos aunque se acerca mucho al modelo abolicionista. En España está prohibida la prostitución de menores, el proxenetismo en todas sus formas y la trata de seres humanos, pero el ejercicio voluntario de la prostitución por una persona mayor de edad no está específicamente regulado ni prohibido, con lo que se encuentra en una situación alegal, al margen de que existan regulaciones particulares, regionales o locales que restrinjan o condicionen su ejercicio.

Esto, según el Consejo "produce un perjuicio a quienes trabajan en ella puesto que carecen de derechos sociales". Siendo esta situación totalmente indeseable, y al margen de la consideración moral que cada cual tenga de lo degradante que resulta el ejercicio de la prostitución, no se puede mirar hacia otro lado obviando la realidad social, que indica que existen decenas de miles de prostitutas en España (sin datos fiables, pero entre 50.000 y 400.000). La mayoría de ellas, obligadas.

Creo que el ejercicio de la prostitución, aún en el caso voluntario, es algo indeseable, ética y moralmente condenable y degradante para la mujer. Pero también creo que es degradante la búsqueda de un marido anciano para desearle una pronta muerte, trabajar en un programa de call tv para engañar a los televidentes, o hacer gala de analfabetismo en programas de telerrealidad, y no por ello creo que haya que prohibirlos.

La sociedad civil tiene que alimentar este debate para poder dar una respuesta a un problema, la falta de regulación, que hace en la práctica indistinguible la voluntad (10%) y la explotación (90%), la inmigración y el tráfico de personas, el libre ejercicio y el proxenetismo.

La experiencia acerca del llamado trabajo más antiguo del mundo debería revelarnos que no es posible de momento resolver el problema, pero la reglamentación de esta actividad daría seguridad social, jurídica, sanitaria y económica a quienes deciden ejercer la prostitución, y separaría la voluntad individual del negro agujero de la explotación, permitiendo así perseguir con más fuerza a los miserables que se aprovechan de la necesidad ajena.

Y como ventaja extra, el Estado recaudaría, solo con el IVA, más de tres mil millones de euros al año. Suficientes para reforzar los medios policiales, judiciales y educativos para luchar contra esta lacra.

Autor de la imagen: Julica da Costa

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