12.5.11

Por qué es una vergüenza lo de Bildu


La presencia de Bildu en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo ha sido celebrada desde los sectores nacionalistas y desde gran parte de la izquierda española. Lo que se percibe desde estos sectores como un triunfo de la democracia es una vergüenza desde cualquier punto de vista.

Debemos recordar que se demostró judicialmente que Batasuna era una parte de ETA, creada por ETA y al servicio de ETA. Con la ley de partidos políticos en la mano el Tribunal Supremo ilegalizó Batasuna por estar al servicio de una organización terrorista. Otros partidos como ANV continuaron su labor, y pese a que el gobierno les permitió la entrada en las instituciones impugnando solamente la mitad de las listas, el Tribunal Supremo pudo finalmente ilegalizarlos. Y no fue por apoyar el terrorismo o por tener unos estatutos dudosos, sino por ser continuador de Batasuna, y por tanto un instrumento de ETA.

Más tarde fue Sortu, un plan A tan falso y descarado que no engañó a nadie, y rápidamente fue desmantelado. Nuevamente por ser instrumental de ETA y sucesor de Batasuna, y no por sus estatutos, que rechazaban expresamente la "violencia". En ese momento se lanzó el plan B, que era el de verdad: Aprovechar la legalidad de un partido político para formar una coalición que pondría a los jueces en el compromiso de impedir la presentación a las elecciones de un partido tradicional de la escena vasca.

Eusko Alkartasuna seguía una trayectoria abocada a la desaparición. De los trece diputados obtenidos en el parlamento vasco en 1983 pasaron a siete en 2001 y a un único representante en 2009. La pérdida de influencia política y el acercamiento a la llamada izquierda abertzale propiciaron el acuerdo con los sucesores de Batasuna para convertirse en un vientre de alquiler que vistiese a los proetarras con un manto democrático.

La ley de partidos prevé estos casos en su artículo 12.1.b, de tal manera que un partido legal no puede dar cobijo a uno ilegalizado. El Tribunal Supremo, a instancias de la fiscalía y la abogacía del Estado, estudió las pruebas que contenían los informes de las fuerzas de seguridad del Estado y dedujo que, más allá de la duda razonable, Bildu era una coalición formada como estrategia de ETA, que albergaba a una organización continuadora de Batasuna, instrumental de ETA y por tanto ilegal. Decidió entonces que la coalición debía ser ilegalizada.

El Tribunal Constitucional vino a enmendar la plana al Supremo estudiando las pruebas nuevamente y negando que fueran suficientes para ordenar la ilegalización y por tanto revocando su sentencia y permitiendo a Bildu presentarse a las elecciones.

Jurídicamente es una vergüenza

El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia en la justicia española. De ahí su nombre. El Tribunal Constitucional no pertenece al poder judicial y no puede evaluar de nuevo las pruebas de ningún caso de forma individualizada y debe limitarse a indicar si, dando por buenas las pruebas que el Supremo ha admitido, la sentencia dictada conculca algún derecho fundamental recogido en la Constitución, ya que su labor es la de intérprete de la carta magna.

El TC se ha entrometido en la justicia, se ha extralimitado y lo ha hecho poniendo de manifiesto la indefensión en la que deja a quien perjudica porque es un tribunal cuyas sentencias no admiten recurso alguno.

Políticamente es una vergüenza

Se ha revelado que el gobierno tenía una doble estrategia. En público defendió que deseaba la ilegalización de Bildu, e instó a la fiscalía y la abogacía del Estado a impugnar ante el Supremo las listas de la coalición. En privado, sospechamos que acordaban con ETA que Bildu podría presentarse, y que influirían en los magistrados del Constitucional nombrados por el PSOE para que anulasen la previsible sentencia del Supremo.

Desde el punto de vista del estado de derecho, es una vergüenza

Nadie parecía sorprenderse de que el gobierno influyese en los jueces. El PNV entendió de forma natural que así sería, y no se enfadó cuando el gobierno instó la ilegalización sino cuando el Supremo la confirmó. En ese momento rompió las relaciones con el PSOE. No tardó el número dos del PSOE en el Congreso en tranquilizarles, comentado que esperaban que el Tribunal Constitucional promulgase una sentencia "amable". Finalmente, la influencia en los magistrados nombrados por los socialistas parece que surtió efecto, el TC falló a favor de los proetarras y los nacionalistas del PNV reestablecieron las relaciones con los socialistas porque entendieron que habían hecho lo que tenían que hacer. De hecho, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, reconoció que ellos mismos habían hecho "cosas que no se pueden contar" para que Bildu estuviera en las elecciones.

¿Por qué un político no podría contar lo que hace? ¿Porque es ilegal?

La utilización política de los tribunales de justicia constituye la destrucción de la independencia de los poderes del Estado y por tanto la aniquilación de las garantías del Estado de derecho.

Desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo es una vergüenza

Ha costado muchísimos años acorralar a la banda terrorista en todos los frentes: social, económico, policial y judicial. Se ha conseguido un repudio social mayoritario y el reconocimiento de las víctimas. Se han desarmado sus redes de financiación (aunque el gobierno actual intentó no romperlas de todo en el Bar Faisán). La policía ha detenido día tras día a dirigentes y militantes de ETA y los jueces los han metido en la cárcel para que cumpliesen íntegramente sus penas.

Que no pudiesen participar de las instituciones democráticas era algo fundamental para su aislamiento. De los censos electorales obtienen información personal de todos los vascos que no debería estar en manos de terroristas, y de los ayuntamientos obtienen financiación importantísima para el ejercicio de su actividad criminal.

Permitirles volver a las instituciones supone un enorme paso atrás en la lucha contra el terrorismo por mucho que haya personas bienintencionadas que, otra vez, se crean que ETA va a cambiar y que va a renunciar a imponer por la fuerza sus ideas.

Cuando ETA anuncie que se disuelve, cuando deje de extorsionar, de secuestrar y de matar, cuando entregue las armas y un preso salga de la cárcel portando una pancarta que pida el voto para un partido democrático que defienda cualquier postura que respete la libertad, nos felicitaremos todos y nos alegraremos de que la pesadilla haya acabado.

Pero mientras ETA no dé ese paso, el Estado de derecho deberá impedirle cualquier movimiento, cualquier intento de fraude, cualquier engaño que trate de aprovechar las debilidades de la democracia para hacerse más fuerte y jugar con las ansias de libertad de los españoles.

Imagen: EFE

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